Quien fuera uno de
los comunicadores más importantes de nuestro país, el señor Pedro Ferriz Santa
Cruz y a quien se le conociera por su célebre frase que acuño “Un mundo nos
vigila”, en estos momentos estaría muy gustoso (claro si viviera) de
saber, que en pleno siglo XXI, se sigue aplicando dicha expresión en un mundo
ficticio donde las tecnologías prevalecen para hacer el bien, pero existen
algunos personajes que utilizan los grandes equipos para hacer el mal.
San Luis Potosí, no
puede escapar a la realidad en el uso de las tecnologías y en este caso, nos
vamos a referir particularmente a los equipos de espionaje que bajo cualquier
pretexto e incluso de nuestras autoridades, hacen uso de estas prácticas para
demeritar, inculpar, manipular o afectar a terceros.
Resulta que al
interior del Gobierno del Estado, existe una gran preocupación al grado que se
ha recomendado, al jefe del ejecutivo, Juan Manuel Carreras que se
contrate a una empresa externa para verificar que el despacho del gobernador,
así como del secretario general, “no estén alambreados”, por aquellos de las
recochinas dudas.
Hay que recordar que
en San Luis Potosí, existen los antecedentes cuando al inicio del gobierno de
Marcelo de los Santos (2003-2009), se detectaron equipos de espionaje en su
despacho de palacio de Gobierno, lo que motivó que se implementará una serie de
acciones para dar con el paradero de los responsables, lo cual, tampoco nunca
se supo y si fue así, lo mantuvieron como un secreto de Estado.
Ahora, vuelve a
revivirse esta posibilidad, ante la nueva dinámica de trabajo que le ha
imprimido el gobernador Juan Manuel Carreras, quien diariamente acude a Palacio
de Gobierno a despachar. Por lo que no se puede descartar que desde ahora se
esté aplicando una revisión exhaustiva a las conexiones telefónicas donde pueda
ser colocado, el equipo de espionaje desde cuadros, plumas, libros o hasta
debajo de la alfombra.
Ciertamente, lo grave
no estriba en el riesgo de que nuestras autoridades o gobernantes puedan ser
espiados a través de conversaciones telefónicas, fotografías, o videos, sino
que los equipos puedan ser utilizados para espiar a los ciudadanos, e incluso a
todos aquellos líderes de opinión, partidos políticos, empresarios, periodistas
que principalmente sean detractores del Sistema. Aunque también ante estos
riesgos, los inquilinos del Palacio Legislativo, Judicial e incluso de Palacio
Municipal en la Capital, deberían tomar cartas en el asunto, (Por aquello de
las dudas).
Sería muy positivo,
que en esté arranque de la administración estatal del gobernador Juan Manuel
Carreras, y su Procurador de Justicia Federico Garza Herrera, se explicará el
destino y uso de los equipos de espionaje que se obtuvieron en la entonces
administración de Fernando Toranzo y que tuvo un costo superior a los 56
millones de pesos que fueron obtenidos del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP).
Sin duda esto
generará una gran incertidumbre hasta en tanto, no se tenga la información pues
es evidente que el gobierno de San Luis Potosí, tiene la capacidad para
interceptar, grabar, manipular y espiar a través de los equipos que en el 2014
se adquirieron como fueron las cámaras ocultas, sistema de robo de datos de
celulares, micrófonos para escuchar conversaciones a distancia y artilugios
para enviar audio y video a distancia.
Lo más grave sería
que a través de estos equipos de espionaje se le diera “machetazo a caballo de
espadas”, porque es evidente que en el mundo de la vigilancia, todo se vale y
todos estamos expuestos incluyendo cualquier funcionario de la administración
pública, pues basta destacar que a través de un contrato con la empresa
Ingeniería Kantier SA, del DF, se obtuvieron “para su sorpresa y la de todos”.
Cámaras botón, capaces de tomar imágenes y video prendidas de la ropa de
policías, grabadoras capaces de registrar conversaciones a diez metros de
distancia y aparatos capaces de robar datos de teléfonos celulares, como
agenda, fotos, llamadas, mensajes y conversaciones de la aplicación Whatsapp.
Si bien es cierto,
que la adquisición de los equipos de espionaje se han justificado como una
herramienta para combatir a la delincuencia organizada, también es cierto que
existen leyes que impiden el uso al contentillo de cualquier autoridad, pues el
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala
que las intervenciones de comunicaciones privadas podrán ser autorizadas
únicamente por los jueces de Distrito, a petición de la autoridad federal que
faculte la ley, en este caso el Procurador General de la República o el titular
de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
de la PGR, tal y como lo establece la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada.
Además, el delito de
“intervenciones de comunicaciones privadas” está previsto y sancionado en el
artículo 177 del Código Penal Federal, que prevé: “A quien intervenga
comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le
aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa”.
APUNTES.
Y SU MALTEADA DE QUE LA QUIEREN.- Resulta que un importante número de elementos
de seguridad pública estatal, han acusado a sus superiores argumentando una
serie de señalamientos en su contra, sin fundamento alguno. Pero todo parece
indicar que el problema de fondo, obedece a que se les han tocado intereses
desde el primer momento que han demandado sólo trabajar 12 horas y descansar
24, lo cual es “una burla”, pues la mayoría de los terrenales como usted y como
yo, laboramos diariamente más de esas horas y no estamos chichando.
RECONOCIMIENTO MUNICIPAL.- Sin duda, es de reconocer el trabajo que
realizó el ayuntamiento de la Capital, durante las recientes lluvias que
afectaron a la Ciudad, pues a diferencia de la anterior administración
municipal, ahora se pudo observar a las brigadas de trabajadores municipales
que limpiaron y desazolvaron alcantarillas como no sucedía en otras ocasiones,
lo que minimizo los daños y accidentes en perjuicio de la ciudadanía. Además de
que las cuadrillas de Ecología, Servicios Municipales y Protección Civil, se la
rifaron, y aunque falta mucho por hacer, “sin duda por algo, se empieza”.
NO LLENAN.- La
titular del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac)
Laura Fonseca, reveló que el Pleno aprobó solicitar un presupuesto para el
próximo año del orden de los 176 millones de pesos de los cuales el 55% es para
las prerrogativas de los partidos y el resto para trabajos de Educación Básica.
Lo que se le olvido a la señora informar es que la mayor parte de esos
recursos se van al pago de sus trabajadores, que sin duda tampoco lo
justifican sobre todo cuando al menos en el 2016, no habrá elecciones. Además
adelantó que en los próximos días el Ceeac estará cubriendo un adeudo por 13.8
millones de pesos al INE. Aunque primero entregará 10 y el resto a finales del presente
año, (Si es que no salen con otra sorpresita).